A tomar en cuenta.......

 

“El 58,41 por ciento de los liceos municipalizados registraron puntajes en promedio (matemáticas y lenguaje) iguales o superiores a los 450 puntos, cifra que fue superada por 91,12 por ciento de colegios pagados. La brecha entre ambos sectores ha crecido 0,70 por ciento en los últimos tres años.”⁽¹⁾

Esta situación también se detectó en la distribución de los jóvenes de acuerdo con el puntaje y su ingreso familiar(sistema piramidal). El 42% de los estudiantes cuyas entradas son entre 0 y 278 mil pesos lograron menos de 450 puntos; sólo 1 por ciento sacó más de 700 puntos. En contraste, sólo 7 por ciento de quienes tienen entradas superiores al millón 400 mil pesos estuvieron bajo los 450 puntos y 16 por ciento alcanzó más de 700 puntos en la PSU.

Las mediciones arrojadas por la prueba plantean que aún faltan muchas etapas por avanzar para que la educación sea una oportunidad real para el desarrollo de los más postergados. Sin embargo, no hay que olvidarse que esta es una tarea de largo plazo. Las soluciones populistas constituyen una respuesta que difícilmente generará mejores balances. El progreso de la educación pública no puede medirse en un corto lapso.

Tampoco se puede soslayar cuánto se ha progresado en los últimos años. Las políticas ahora vigentes necesitan profundizarse y el Estado debe redoblar los esfuerzos en el mejoramiento del rendimiento de quienes más lo necesitan para salir de la pobreza y del subdesarrollo. La reducción de las brechas en la educación no es una misión de unos pocos años, pero sí es una impostergable tarea de país. Los análisis sobre los resultados de la PSU seguirán siendo variados, pero ninguno puede apartarnos de una verdad del tamaño de una catedral: el éxito de los países desarrollados ha ido invariablemente acompañado de una educación pública de calidad, así lo observamos en los resultados de diversas pruebas internacionales como TIMSS y PISA, han dejado en evidencia los bajos logros educativos de los escolares en Chile.

La educación pública es una quimera en relación con la movilidad social, la educación privada es la única opción para sectores medios y altos, los buenos colegios se hallan usualmente en la capital y ciudades grandes, y la mayoría de los establecimientos de calidad son pagados, bien de colonia o inspiración religiosa. Todo esto surge de una sociedad altamente estratificada, que vive en "un eterno retorno". Por ello no me sorprendieron los recientes resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que demostraron una vez más lo que todos sabemos desde la cuna: sólo si perteneces a una familia con ciertos recursos podrás acceder a buena educación básica y media, y sólo así podrás llegar a las mejores universidades y las carreras más solicitadas.

En ese sentido seguimos construyendo un país en donde no sólo la inequidad es un escándalo, como dice la Iglesia Católica, sino también la educación. Pareciera que seguimos apostando a la exportación de cobre, fruta, madera y pescado, como en el pasado al salitre, condenándonos a la dependencia de materias primas, descuidando el capital humano.

Además, de acuerdo a los resultados apreciados, en Chile, país integrado a la economía mundial, aún no vemos estrategias para enseñar inglés, ni proyectos que apunten a formar especialistas para polos de inversión tecnológica, ni becas generosas que favorezcan a estudiantes sobresalientes de sectores bajos. En Estados Unidos, por ejemplo, asombra la frecuencia con que se encuentran a profesionales calificados y exitosos que cuentan que crecieron en un hogar pobre. Allí la educación genera tiraje en la chimenea social.

En educación media y universitaria nos separan brechas insalvables de Corea, India, Israel o China. En varios aspectos figuramos en educación detrás de Argentina, Costa Rica y Cuba, y mejor olvidar que las universidades latinoamericanas no figuran en los rankings de las mejores del mundo. Los puntajes de la prueba PSU, publicados esta año, son nuevamente proporcionales a los niveles de ingreso de las familias. Es lo mismo que ocurre con los aprendizajes medidos en los niveles Medio y Básico. Aunque es menos conocido, algo parecido sucede "antes" de ingresar a la educación básica. Los niños de seis años cuya familia está en el quintil alto de ingresos conocen unas 4000 palabras, mientras que los del quintil bajo sólo usan unas 500 palabras (también hay brechas en la capacidad de razonar).

Este habitual resultado en las pruebas nacionales de ingreso a la universidad implica que establecimientos que ofrecen "la misma calidad de educación" logran puntajes mayores cuando atienden a alumnos de familias de alto nivel socioeconómico, que cuando atienden a un nivel bajo. Por ejemplo, una congregación religiosa con establecimientos en el oriente y en el centro de Santiago presenta una brecha de 17 puntos en la PSU (643 versus 626) aunque ofrece una formación similar. La brecha sólo se explicaría por el menor ingreso de las familias del segundo de ellos.⁽²⁾

Cuando los establecimientos privados atienden alumnos cuyas familias tienen menores ingresos sus puntajes son menores. En realidad, no hay diferencias en los puntajes de los tres tipos de establecimientos (privados, subvencionados y municipales) cuando enseñan a alumnos de familias del mismo nivel de ingresos. La brecha entre el puntaje promedio de los establecimientos pagados y municipales sólo se produce porque los pagados atienden, de preferencia, a alumnos del quintil más rico y los municipales a los de los dos más pobres (y no porque ofrezcan una calidad de educación diferente). En resumen, la educación chilena no logra compensar las diferencias generadas por la familia y este es un problema de "toda" la educación chilena.

Resultaría extraño, por lo tanto, esperar que los establecimientos municipales tengan una alta presencia entre los 100 mejores colegios del país⁽³⁾ (como parecen presumir algunos medios de prensa). Los establecimientos municipales deben atender a alumnos cuyos padres tienen un menor nivel socioeconómico que no les permite pagar las cuotas de los colegios pagados y subvencionados o las escuelas básicas y tutores que les ayudarían a ingresar a los colegios municipales de elite (Instituto Nacional, Liceo Carmela Carvajal o Liceo Lastarria de Santiago, por ejemplo). Sólo unos pocos alumnos de gran capacidad intelectual logran superar las menores oportunidades de desarrollo personal que genera un débil apoyo de la familia.

Faltan, en cambio, comentarios en los medios de comunicación o de prensa sobre el verdadero problema de la educación en Chile. No se critica la actual formación universitaria por no preparar profesores capaces de atender alumnos de diversas edades en un mismo grado o alumnos con grandes diferencias en el vocabulario que manejan. No se comenta la inadecuación de los libros en relación a los grupos heterogéneos de alumnos que asisten a las aulas municipales. Tampoco se examina si estos problemas se resolverían con las actuales evaluaciones a los profesores (que se espera resuelvan el problema aunque no existan ejemplos de que sean efectivas en otros países).

Ahora, en cuanto a los resultados de la prueba del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), rendida por los cuartos básicos el año 2006, otorgan evidencia de la realidad educacional que vive el país: el estancamiento de los conocimientos y aprendizajes, la poca efectividad de la inversión que se ha venido haciendo en esta área desde principios de los 90 y la falta de rendición de cuentas por estos desempeños por parte de los encargados de las políticas en este campo.

Lo anterior tiene graves consecuencias para el desarrollo del país, ya que la preparación y competencias de nuestros futuros profesionales están quedando rezagada, lo que nos pone en una posición de desventaja frente a otros países que se va agudizando cada vez más.

Respecto a las brechas educativas, es posible comparar los puntajes obtenidos por los establecimientos municipales y particulares subvencionados dejando en evidencia que existiría un aumento de éstas (brechas educativas), tanto en el área de matemáticas como de comprensión del medio, manteniéndose constante la brecha en lenguaje.

Según un artículo del diario La Tercera, publicado en junio, el año 2000, junto con tomarse las medidas anteriormente mencionadas, el Gobierno asumió el compromiso de reducir a la mitad el porcentaje de estudiantes que estaban obteniendo resultados calificados como deficientes o inferiores. En ese entonces, un 19%, 32% y 17% de los estudiantes caía en esta categoría en lenguaje, matemática y comprensión del medio respectivamente. El año 2006, los números nos indican que no sólo no se cumplió dicho objetivo, sino que incluso empeoró en el caso de matemática, alcanzado un total de 35% de estudiantes en el nivel de logros más bajo.

Lo anterior demuestra que una falencia importante en educación se relaciona con la carencia de metas y plazos, pero sobre todo con la rendición de cuentas por los resultados y el cumplimiento de los mismos. Es difícil exigir a los establecimientos educacionales, directores, profesores e incluso estudiantes que rindan cuentas de sus resultados, cuando ello no es promovido desde el propio Ministerio de Educación.

En este sentido, son pocos los programas que tienen metas definidas y plazos concretos o que si los tienen, éstos sean públicos, de manera que permitan a la opinión pública exigir cuentas por el cumplimiento de los mismos.

Por ello, transparentar y hacer más fácil el acceso a la información es clave. Ésta debe ser completa, entendible y oportuna para todos los interesados en conocerla, sobre todo en materia educativa, donde los efectos se ven en el mediano y largo plazo. En este sentido, debiera ser una política continua el informar a la comunidad y en particular, a todos los padres y apoderados de los establecimientos sobre el desempeño, tanto de sus hijos, como de la escuela o liceo y su posición relativa con respecto a los demás establecimientos.

Es necesario revisar todos los programas y medidas adoptadas, en términos de la efectividad y eficiencia. Debemos decidir como país, si estamos dispuestos a que la meta de una inversión que implicó más de 2.000 millones de dólares en 5 años, sea solamente mejorar la infraestructura de nuestros colegios sin efectos en los aprendizajes o si se prefiere destinar estos recursos a la medición y evaluación de profesores y alumnos, de manera de entregar datos a los padres y apoderados para que éstos puedan ejercer su derecho preferente a la educación de sus hijos de manera informada.

Así, los resultados de las escuelas críticas, por ejemplo, entregan una señal potente para los padres y apoderados de los estudiantes que asisten a éstas, siempre que tengan acceso a conocer estos resultados.

En resumen, en un sistema educativo como el chileno, concebido para que sean los padres quienes elijan dónde educar a sus hijos, la información cobra especial relevancia para la rendición de cuentas. Por ello preocupan iniciativas que van en contra de este derecho de los padres, como por ejemplo, la subvención diferenciada a los estudiantes de bajos recursos. El proyecto de ley presentado restringe esta elección, entregando la responsabilidad al Estado y no a los padres y apoderados. Debemos confiar en que, si contamos con información completa, clara y oportuna y además, con una subvención más alta, los alumnos más vulnerables tendrán acceso a escuelas y liceos de mejor calidad, lo que, sin duda, generará un cambio en las oportunidades de estos estudiantes.

Finalmente, los resultados del SIMCE engrosan la evidencia respecto de la urgencia de revisar la forma en que se utilizan los recursos en educación, los que se han cuadruplicado desde principios de los noventa hasta la fecha.

(1)www.terra.cl

(2)www.icarito.cl

(3)www.latercera.cl